En el plazo de tres meses contados a partir del día 14 de abril de 2010, a la vista de la jurisprudencia comunitaria y del derecho comparado, el Gobierno tramite la modificación de la normativa tributaria sobre las obligaciones de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas para reducir las cargas formales a cumplir por las empresas, atendiendo fundamentalmente a que se trate de operaciones internas (no internacionales), que intervengan pequeñas y medianas empresas, que su importe no sea muy significativo y que no intervengan paraísos fiscales.